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Barómetro de las Américas 2014 Confirma el Progreso del Modelo de Seguridad Ecuatoriano

Ecuador tiene el Segundo Lugar en la Región con Mejor Seguridad Pública y Tercero en Confianza Ciudadana en la Policía Nacional.

Washington, D.C. (Febrero 6 del 2015) – De acuerdo con el Barómetro de América 2014, publicado por el Proyecto de Opinión Pública de América Latina, Ecuador se obtuvo el segundo lugar en Latinoamérica en una evaluación pública acerca de la gestión de seguridad pública en el país. El estudio, que también evaluó a 24 países de la región, confirma que Ecuador es uno de los países de América Latina con el mayor progreso en la implementación de nuevas políticas de seguridad pública.

El estudio patrocinado por USAID encontró que Ecuador es uno de los dos países de América Latina donde los ciudadanos evaluaron positivamente la actuación del Gobierno en garantizar su seguridad, así como el desempeño de la policía local. Según el Barómetro de las Américas, Ecuador obtuvo el 62% de aprobación pública, después de Nicaragua (65,6%), comparado con Uruguay, Honduras, Chile, México, y una diferencia considerable con respecto a los Estados Unidos (38,7%) y Paraguay (36,9%).

“Ahora estamos viendo resultados tangibles de la transformación en el sistema de seguridad pública que el Gobierno ha llevado a cabo durante los últimos ocho años”, dijo Nathalie Cely, Embajadora de Ecuador en los Estados Unidos. “Ecuador ahora goza de un sistema de seguridad pública que se centra en el bienestar de los individuos y su papel en el fortalecimiento de la seguridad en sus comunidades.”

La confianza de los ciudadanos en la Policía Nacional de Ecuador también subió al tercer lugar con el 59,0%, lo que supera la confianza pública en las fuerzas de policía en lugares como Estados Unidos, Uruguay, Costa Rica y Brasil.

“Nuestra meta es que nuestros compatriotas ecuatorianos puedan hacer sus vidas sin ningún tipo de miedo, dijo el Ministro de Interior de Ecuador, José Serrano, durante una reciente visita a Washington, DC. “Estamos haciendo cambios que se enfocan en mejorar las debilidades institucionales y la gestión de la seguridad pública en los niveles operativos y de justicia, incluyendo una mayor inversión en entrenamiento, tecnología y sistemas de información, un código penal actualizado, descentralización de las fuerzas policiales, y la implementación de un proceso de selección más riguroso para policías y jueces “.